La disputa judicial en torno al “caso Viviendas” se volvió aún más compleja esta semana. Mientras la fiscala Adriana Giannoni insiste en mantener tras las rejas a los dos detenidos por esta causa, los abogados defensores de ambos sostienen que sus representados deben estar libres.

Mientras tanto, Giannoni imputó dos nuevos delitos a Lucas Barrionuevo, ex coordinador de Programas Federales del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Ahora, el ex funcionario también es investigado por asociación ilícita y por defraudación a la administración pública, que se suman al cargo de enriquecimiento ilícito.

Giannoni pidió que se aplique la prisión preventiva por un año para Barrionuevo y para Miguel Jiménez Augier, ex coordinador de Políticas Habitacionales del Ipvdu. Arnaldo Ahumada, abogado defensor de Barrionuevo, cuestionó las medidas de la fiscala y anunció que presentó un pedido de audiencia con el juez de instrucción de la causa, Alejandro Tomas, antes de que se tome una decisión.

Barrionuevo, detenido por presunto enriquecimiento ilícito, fue candidato a concejal en 2015

“En esta audiencia voy a tratar de entender qué es lo que ha querido decir la fiscala para requerir la prisión preventiva por un año en contra de Barrionuevo, porque del escrito con que ella lo requiere no lo entiendo”, cuestionó el letrado.

También explicó que presentó dos recursos judiciales a favor de su cliente y que uno de ellos apunta contra una resolución de Tomas. Según Ahumada, el magistrado desechó un pedido para liberar a Barrionuevo sin haberse manifestado acerca de los elementos que motivaron su decisión.

Mientras tanto, el defensor de Jiménez Augier -Agustín González- se quejó por las condiciones de detención de su cliente, alojado en la comisaría 12ª. “Está hacinado con 35 presos. Es un tipo que no tiene antecedentes y que tiene 60 años”, informó. “A Augier le puede pasar algo, es un tipo grande, tiene neumonía y está en tratamiento”, agregó.

La Justicia citó a declarar al albañil que señaló a Barrionuevo como el dueño de Marán

González volvió a criticar la privación de la libertad de su cliente e insistió en que no hay riesgo de fuga ni de entorpecer la investigación, condiciones necesarias para disponer la prisión preventiva de un investigado.

El “caso Viviendas”

La investigación judicial comenzó hace un año, luego de que “Panorama Tucumano”, el programa de TV de este diario, transmitiera un informe sobre diversas irregularidades en el Ipvdu. Desde entonces, Giannoni lidera la causa que, eventualmente, se enfocó en el crecimiento patrimonial de Jiménez Augier y de Barrionuevo.

El primero fue despedido de la repartición cuando se difundió que tenía medio millón de dólares en una caja de seguridad a su nombre. Barrionuevo, por su parte, quedó bajo la lupa de la Justicia cuando se supo que era tío político de los dueños legales de la constructora Marán, que fue beneficiada con contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones. Según Alberto Flores, quien trabajó seis años para Marán, los titulares legales de la empresa -Sebastián y Martín Nieva- eran simples testaferros y el verdadero dueño era Barrionuevo. Incluso aseveró que, tras el informe periodístico, diversos materiales y archivos de la empresa fueron trasladados a un galpón. La Justicia allanó el local pero no encontró ningún elemento relevante. Esto fue tomado como otro indicio de que podría haber habido maniobras para entorpecer la investigación

"Caso Viviendas": un ex empleado de Marán señaló a Barrionuevo como el verdadero dueño de la constructora

Este es uno de los motivos por los que Giannoni imputó al ex coordinador por los cargos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. Así lo señala la solicitud de prisión preventiva contra Jiménez Augier y contra Barrionuevo, a la que accedió LA GACETA.

Allí puede leerse que, según la fiscala, el tío político de los Nieva favoreció “indebidamente a dicha empresa (Marán) mediante contrataciones irregulares de obra pública, dando de tal forma a los fondos públicos que Barrionuevo José Lucas (...) administró un destino distinto al que debían ser aplicados”.

Actualmente, Tomas tiene un plazo de 10 días hábiles para resolver acerca del pedido de prisión preventiva. Mientras tanto, los abogados defensores de ambos detenidos aseguran que sus clientes no deberían estar presos y afirman que esperan una resolución favorable a sus presentaciones.

El IPV extinguió la coordinación de programas federales

Con la aprobación del Tribunal de Cuentas, quedó firme la resolución del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) que puso fin al cargo que ostentaba Lucas Barrionuevo. El ex coordinador de Programas Federales se encuentra detenido y es investigado por tres supuestos ilícitos que habrían tenido lugar durante su gestión como funcionario del instituto: enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y defraudación a la administración pública. El año pasado, “Panorama Tucumano” demostró que, pese a que negó conocerlos, Barrionuevo es tío político de los dueños de una constructora que recibió contrataciones millonarias del Estado. Tras el programa, el entonces funcionario fue suspendido por 45 días. Desde que venció el plazo de suspensión gozaba de una licencia médica que era renovada periódicamente con la autorización de un médico del propio Instituto de la Vivienda.

Los antecedentes

1- El 12 de julio de 2017, “Panorama Tucumano” transmitió un informe sobre diversas irregularidades en el Instituto de la Vivienda.

2- Se demostró que Barrionuevo es tío político de los dueños de la empresa Marán, que recibió contrataciones millonarias del Estado.

3- Tras el programa se abrió una investigación judicial que se enfocó en el patrimonio de dos ex funcionarios: Barrionuevo y Jiménez Augier.

4- Por un año, la Justicia analizó una serie de informes y realizó allanamientos, citaciones e inhibiciones de bienes, entre otras medidas.

5- Hace dos semanas, tras declarar en la sede penal de Tribunales, Jiménez Augier y Barrionuevo quedaron detenidos por enriquecimiento ilícito.

6- Se debe definir el pedido de prisión preventiva de ambos ex funcionarios. Sus abogados aseguran que las detenciones son ilegítimas.